En el Perú, estamos viviendo todavía un boom inmobiliario,
los peruanos podemos comprar una vivienda y pagar hasta en 20 años a través de
una garantía hipotecaria, esta forma de comprar es la más común en el mundo,
pero cuando la crisis llega ocurren situaciones como en España, en donde se
llevan a cabo más de 500 desalojos por día, de personas, de sus viviendas, por
deudas impagas a alguna institución financiera, quienes a su vez son los únicos
que han recibido millonarias inyecciones de capital del propio estado.
Amaia Egaña una mujer de 53 años, casada y con un hijo, se
arrojó al vacío desde el cuarto piso de su vivienda, en el momento en que una
comisión judicial subía las escaleras para desalojarla de su vivienda, en donde
vivía desde hace más de 20 años. No pudo pagar su deuda al Banco y ya había
recibido la orden de desalojo de los tribunales, de ese modo se convirtió en la
cuarta persona que se ha quitado la vida o lo ha intentado por el mismo motivo
desde que estalló la crisis en el año 2008. Amaia era natural de Barakaldo, una
localidad Vasca de tradición obrera y en donde incluso había sido concejal
junto a su esposo. Ella había trabajado durante 30 años en una empresa de
transportes, pero la crisis y los problemas de empleo la obligaron a dejar de
pagar la deuda que tenía con el banco La Caixa, quienes como hacen todas las
instituciones bancarias, acudieron a los tribunales para beneficiarse de una de
las leyes más injustas de toda la Unión Europea y que esta ley de desalojos
está inclusive considerada ilegal, pero España sigue siendo uno de los pocos
países que no admite la dación en pago, es decir esta norma establece que en el
caso de que una persona no pueda pagar las cuotas de la hipoteca, el banco o la
entidad financiera prestataria puede embargar la vivienda y seguir exigiendo el
pago de la deuda hasta que se salde la misma, con lo que la dación no está
contemplada en la ley.
En el 2011, ocurrió el primer caso, pero los 2 más recientes
fueron hace menos de 1 mes cuando el ciudadano de Valencia José Miguel Domingo
se quitó la vida ahorcándose en el patio de su edificio, mientras el
interventor publico tocaba la puerta para que la policía lo desalojara de su
vivienda y otro ciudadano de Murcia se arrojó al vacío desde un séptimo piso y
sobrevivió pero se encuentra hospitalizado en estado grave, con las piernas y
brazos rotos, así como lesiones internas de suma gravedad.
Los españoles se manifestaron en las calles, lanzando
consignas muy duras contra el gobierno del conservador Mariano Rajov y contra
el propio sistema bancario, les gritaron “asesinos” y pusieron en manifiesto que la justicia solo
funciona para los ricos.
Una de las voces más críticas en contra de la ley y por el
mismo hecho de que a partir de la crisis los tribunales se han convertido en
instrumentos de los bancos para desalojar a familias y ciudadanos, es el Juez
que iba a llevar acabo el desalojo de Amaia Egaña. Juan Carlos Mediavilla, es
el magistrado que afirmó que debía procederse a modificar la legislación
vigente, porque no se podía seguir en situaciones generadas por un problema
económico que se derivan en una crisis con resultados tan trágicos.
El Gobierno español, parece haberse dado cuenta de la
gravedad de la situación pues decidió adelantar sus gestiones para ultimar una
propuesta encaminada a evitar desahucios que han afectado ya, desde el inicio
de la crisis económica, a unas 400,000 familias en España, que han tenido que
entregar sus viviendas a los bancos al no poder hacer frente al pago de sus
créditos.
Las reacciones a favor de que se evite el desalojo de
familias por esta causa han llegado desde sindicatos, partidos, la Defensora
del Pueblo, la Conferencia Episcopal española, Antonio María Rouco Varela,
quien pidió hallar una solución “justa, equitativa y solidaria” al “problema
angustioso de los desahucios”.
Ha tenido que ocurrir todo esto para que, mediante un
comunicado la Asociación Española de Banca (AEB), informe que “por razones
humanitarias” y de “responsabilidad social”, se comprometa a “paralizar” los
desalojos durante los próximos 2 años “en los casos en los que concurran circunstancias
de extrema necesidad”. El texto no dio más precisiones sobre cuales eran esos
casos y como se determinarían. En tanto continúa la angustia de las personas
que pese a tener la voluntad de pagar no pueden hacerlo debido a la crisis
económica que vienen atravesando.
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