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justicia solicita extraditar a otro peruano por no pagar pensión de alimentos
Raúl Vértiz Loyola es el segundo connacional contra el que se solicita la medida. Vive en España, como el compatriota del primer caso
Raúl Iván Vértiz Loyola es el segundo
peruano contra el que el Estado peruano solicita la extradición por
incumplimiento de pensión de alimentos. (Foto: Reniec)
(Foto: Reniec)
El ciudadano Raúl Iván
Vértiz Loyola es el protagonista del segundo caso de pedido de
extradición que hace el Estado peruano contra un connacional por
presuntamente incumplir con la pensión de alimentos.
Vértiz Loyola vive en Madrid, España, el mismo lugar en el que reside William Huertas Ramírez, el primer peruano contra el que se solicitó extradición también por la supuesta omisión de la asistencia familiar.
La solicitud fue hecha por el juzgado penal liquidador transitorio de Nuevo Chimbote, en la Corte del Santa, departamento de Áncash. A Vértiz se le imputa el incumplimiento de sus obligaciones con su menor hijo, según lo dispuesto en el 2008 por el Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de Nuevo Chimbote.
También se le acusa de no haber cumplido con una resolución del 2009 que ordenaba el pago de 1.515 soles a favor del menor desde enero a mayo del 2009.
“Se trata de un delito común y no existe resolución emitida por algún poder del Estado que lo haya absuelto, indultado o amnistiado. Además, la pena conminada al delito de omisión de asistencia familiar, que no ha prescrito, no es inferior a un año de prisión”, señala la resolución suscrita por la ministra de Justicia, Eda Rivas.
Vértiz Loyola vive en Madrid, España, el mismo lugar en el que reside William Huertas Ramírez, el primer peruano contra el que se solicitó extradición también por la supuesta omisión de la asistencia familiar.
La solicitud fue hecha por el juzgado penal liquidador transitorio de Nuevo Chimbote, en la Corte del Santa, departamento de Áncash. A Vértiz se le imputa el incumplimiento de sus obligaciones con su menor hijo, según lo dispuesto en el 2008 por el Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de Nuevo Chimbote.
También se le acusa de no haber cumplido con una resolución del 2009 que ordenaba el pago de 1.515 soles a favor del menor desde enero a mayo del 2009.
“Se trata de un delito común y no existe resolución emitida por algún poder del Estado que lo haya absuelto, indultado o amnistiado. Además, la pena conminada al delito de omisión de asistencia familiar, que no ha prescrito, no es inferior a un año de prisión”, señala la resolución suscrita por la ministra de Justicia, Eda Rivas.
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