miércoles, 26 de junio de 2013

Realizaron audiencia de control de pruebas en proceso contra fiscal Edison Salas

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26/06/2013

HUÁNUCO | El fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal, Edison Salas Barrueta, se sentó ayer en el banquillo de los acusados en la audiencia programada en el proceso que se le sigue en su contra por el delito de encubrimiento real que habría cometido al ocultar un CPU con material pornográfico de propiedad de un sujeto procesado por violación de una menor que él investigaba.
En la audiencia de control de acusación que realizó ayer el juez superior Santiago Malpartida, la fiscal Cecilia Castillo Uculmana sustentó su acusación contra Salas para quien está pidiendo una pena de 4 años de cárcel por haber ocultado como fiscal medios probatorios de una investigación. Señaló que Salas ocultó el CPU con contenido pornográfico de propiedad de Jorge Orihuela Marcelo quien es procesado por violación en agravio de una menor de edad. “Mantuvo el CPU en su poder indebidamente”, dijo la fiscal quien señaló que según la investigación Salas conocía el contenido del CPU porque solicitó al operador administrativo de informática del MP Niquen Figueroa Ponce que recupere y visualice los archivos del CPU. “Situación que mantuvo oculta, en su dictamen final N° 1113 del 2008, donde no mencionó el CPU que mantenía en su poder y que era de su exclusivo conocimiento”, señaló agregando que después de 2 años Salas entregó el CPU a la Sala que lo solicitó bajo requerimiento.
La fiscal sustentó que según la manifestación de Figueroa Ponce a solicitud de Salas acudió a visualizar archivos habiendo visualizado 20 archivos de imágenes y entre 10 a 15 archivos de video, lo que se contradice con la declaración testimonial del testigo Pablo Cesar Cruz Quiroz quien a pedido del Poder Judicial examinó el CPU y encontró sólo 7 videos. Además recordó que el CPU fue entregado deslacrado, con la cinta adhesiva rota.
Castillo acusó a Salas de ser autor directo o inmediato del delito de encubrimiento real en contra del Estado Ministerio Público y de Rosalía Camacho Robles y solicitó una pena de 4 años de cárcel, la inhabilitación por el mismo periodo para ejercer cargo público y el pago de una reparación civil de S/. 2500 para cada una de las partes.
El abogado de Salas, Wilfredo Ramos Pino, cuestionó la acusación fiscal señalando que no está debidamente motivada y los elementos de convicción sustentados por la fiscal son un simple listado de mal llamados elementos de convicción con “dos, tres líneas”. “Eso no es motivar, no es expresar razones de hecho y de derecho. La acusación oralizada y parte escrita no cumple con el presupuesto de la acusación debidamente motivada”, indicó al momento de realizar sus observaciones a la acusación fiscal.

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