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jueves, 29 de noviembre de 2012

ejército mexicano tras seis años de guerra



                             Soldados mexicanos
                                            Cómo queda el ejército mexicano tras seis años de guerra contra el narco
                                                Alberto NájarBBC Mundo, Ciudad de México Miércoles, 28 de noviembre de 2012       
Analistas afirman que el saldo para el Ejército mexicano en la guerra contra las drogas es "desfavorable"
El ejército fue el eje central de la política del saliente presidente mexicano, Felipe Calderón, para combatir al narcotráfico. Pero, tras seis años de presidencia, en la guerra contra carteles de la droga las fuerzas armadas están lejos de cantar victoria.
En septiembre de 2006 Felipe Calderón fue designado presidente tras una cuestionada elección que oficialmente ganó por menos de un punto porcentual de votación.
Meses después inició lo que llamó "guerra" contra carteles de narcotráfico, que desplegó cotidianamente a unos 45.000 soldados para combatir a bandas de narcotráfico en casi todo el el país, y que hasta el momento -según cálculos conservadores- ha causado la muerte de al menos 50.000 personas
Desde entonces varios académicos y especialistas han dicho que las fuerzas armadas -soporte principal de la batalla contra la delincuencia- formaron parte de una riesgosa estrategia política, pues los soldados fueron destinados a tareas policíacas para las que no estaban preparados, ni tampoco contaban con leyes que justificaran su nuevo trabajo.
Pero el balance es "desfavorable" para el Ejército y la Marina, coinciden analistas consultados por BBC Mundo.

                                        ¿Estrategia?

"Hoy los soldados no saben si van a ser héroes o villanos. La protección legal es absolutamente necesaria en esta campaña contra el narcotráfico tan difícil, olvidada y llena de sinsabores"
Luis Garfias Magaña, general retirado
Así, en la guerra contra el narcotráfico las fuerzas armadas han pagado un costo muy alto y con pocos resultados, le dice a BBC Mundo el especialista Jorge Luis Sierra, becario del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa y de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington.
"El ejército fue puesto a combatir a grupos de narcotráfico y delincuencia organizada sin una estrategia clara", explica.
"Lo puso en una situación difícil porque en estos seis años no hubo ninguna mella al narcotráfico, siguen cruzando por territorio mexicano la misma proporción de cocaína que ha pasado año con año".
Esta lucha ha provocado desgaste de las fuerzas armadas. Informes de la Sedena señalan que desde 2006 desertaron 43.827 soldados de distintos rangos, que significan el 20% del total de efectivos del Ejército. Esta cifra, sin embargo, representa menos de la mitad de quienes abandonaron las fuerzas armadas en el gobierno anterior.
La Secretaría de la Defensa no coincide con este análisis. En una respuesta por escrito a la solicitud de información formulada por BBC Mundo, la Sedena afirma que cumplió la estrategia implementada hace seis años.
Al inicio del gobierno de Calderón el Ejército se propuso aplicar 168 "operaciones de alto impacto contra la delincuencia organizada". Hasta julio de 2012 (es el dato más reciente) los soldados realizaron 212 de estas acciones, indica la respuesta oficial.
"Esta Secretaría, a lo largo de la presente administración, ha realizado un ejercicio de planeación responsable", señala el documento.
"Una tarea primordial en ese empeño fue concebir, preparar y conducir un proyecto de desarrollo y consolidación del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, en un horizonte de 15 a 20 años".
Una meta, insiste la Sedena, que está en vías de cumplirse.

                                             Enojo militar

                                    Cocaína decomisada por militares mexicanos
Soldados revisan un cargamento confiscado de cocaína en México
Algunos militares han sido acusados de disparar contra familias en puestos de control, desaparecer a personas detenidas y de alterar la escena de algunos lugares donde ocurrieron enfrentamientos, para vincular a víctimas inocentes con bandas de delincuencia organizada.
También existen señalamientos de corrupción: por primera vez en la historia varios generales de alto rango fueron detenidos, acusados de colaborar con carteles de narcotráfico.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha dicho que todos los casos fueron investigados y los responsables de violar las leyes son enjuiciados, o se encuentran en prisión.
El general retirado Luis Garfias Magaña le dice a BBC Mundo que muchos militares creen que fueron utilizados por los civiles, y además están molestos con la falta de protección legal para sus nuevas obligaciones.
A final de cuentas, insiste, son ellos los responsables de casi todas las acciones exitosas contra el narcotráfico.
"El ejército fue puesto a combatir a grupos de narcotráfico y delincuencia organizada sin una estrategia clara"
Jorge Luis Sierra, analista
"Hoy los soldados no saben si van a ser héroes o villanos. La protección legal es absolutamente necesaria en esta campaña contra el narcotráfico tan difícil, olvidada y llena de sinsabores", afirma.
De acuerdo con las leyes mexicanas la tarea de los militares es garantizar la seguridad del país. La Suprema Corte de Justicia ha dicho que la delincuencia organizada puede atentar contra la estabilidad nacional, aunque algunos expertos insisten en que combatirla es responsabilidad de policías civiles.
Esta indefinición legal pone en riesgo a las fuerzas armadas, añaden, pues México está obligado a cumplir varios convenios internacionales que limitan el papel de los militares en acciones de seguridad pública.
El resultado es un Ejército que se siente "mal, mal, mal", dice Garfias, ante los cuestionamientos por su papel en la guerra contra el narcotráfico.
"Está sujeto a una crítica ignorante e injusta. Ignorante porque se desconoce lo que son las fuerzas armadas, e injusta porque no se ha dado la protección legal adecuada".
Según el militar retirado, corregir esta indefinición legal debería ser una de las primeras tareas del próximo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

miércoles, 28 de noviembre de 2012

Teniente abatido en Puente Piedra disparó seis veces contra sus colegas


Teniente abatido en Puente Piedra disparó seis veces contra sus colegas 

















La prueba de absorción atómica hecha al cadáver de Franco Moreno resultó positiva, al igual que para otros dos agentes abatidos

El teniente PNP Franco Moreno Goyoneche, abatido junto a dos policías y un delincuente civil durante el frustrado secuestro del dueño de una colchonería de Puente Piedra, disparó seis veces contra sus colegas que lo intervinieron el domingo 18 de noviembre.
Esto lo certifica un examen de absorción atómica que se practicó a su cadáver, informó El Comercio. Del mismo modo, la prueba es positiva para los agentes Róger Manrique Torres y Víctor Manuel Monggó Valdera, igualmente abatidos en el tiroteo con la SUAT. En el enfrentamiento también murió el civil Miguel Jibaja Suárez, mientras que John Nolly Ugaz, otro integrante de la banda, resultó herido.
Un juez penal de Lima evalúa el pedido de orden de captura hecho por la Dirincri contra un mayor y otros seis malos policías en actividad. La Policía Nacional del Perú tiene pruebas de que también integraban la banda de asaltantes y secuestradores.
MÉDICO INVOLUCRADO
Un médico de la PNP será incluido en el atestado por complicidad con la banda de delincuentes. El galeno otorgó permisos médicos a los agentes abatidos y a otros para cometer fechorías.
La Dirincri recibió ayer los nombres de las personas a las que pertenecen los números telefónicos hallados en las agendas de los policías abatidos.

miércoles, 17 de octubre de 2012

Fiscalía Anticorrupción insiste en seis años de cárcel para Cecilia Chacón

Miércoles 17 de octubre del 2012 | 20:38

Ministerio Público expresó su disconformidad con la sentencia de cuatro años de prisión suspendida impuesta a la congresista fujimorista, mediante un recurso de nulidad.

(Perú21)
(Perú21)
El Ministerio Público pidió que se incremente a seis años de prisión la condena impuesta —de cuatro años— a la congresista Cecilia Chacón, por complicidad en el delito de enriquecimiento ilícito de su padre, Walter Chacón Málaga.
El adjunto de la Fiscalía Superior Anticorrupción, Martín Salas Zegarra, presentó un recurso de nulidad contra la sentencia emitida por la Primera Sala Penal Liquidadora. Una vez admitido el trámite, esta solicitud será derivada a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
“No estamos conforme con la pena impuesta, ya que (la Fiscalía) sustentó en juicio que se le imponga la pena de seis años de pena privativa de la libertad que tendría la calidad de efectiva, todo ello atendiendo la inconducta procesal que de manera continúa ha presentado la parlamentaria en este proceso penal. Acordémonos que ella, en 2007, se sustrajo de la persecución penal, aprovechando su inmunidad parlamentaria, siendo declarada reo contumaz en aquella oportunidad”, explicó Salas Zegarra.
Con la condena del último martes, Chacón tendría que dejar inmediatamente su curul en el Parlamento, según precisó el fiscal de la Nación, José Peláez, pero ella indica que la inhabilitación en cargos públicos no se cumple para el que tiene en la actualidad.
“Yo no he sido funcionaria pública en los momentos de los presuntos delitos”, dijo esta mañana.

lunes, 6 de agosto de 2012

fallo pro grupo Colina se resolvería en seis meses

Acción de amparo contra fallo pro grupo Colina se resolvería en seis meses

Así lo afirmó el titular de la Corte de Lima, Héctor Lama, quien dijo que este caso podría llegar hasta el Tribunal Constitucional
Derechos humanos, Grupo Colina, Caso Barrios Altos, Poder Judicial, Corte de Lima,  TerrorismoAltos
Lama More agregó que el pedido hecho por el Minjus se evalúa “como un caso cualquiera”, pero se le da la atención que merece por tratarse “de un tema de trascendencia”. (Foto: Archivo El Comercio)
El presidente de la Corte de Lima, Héctor Lama More, estimó hoy que el pronunciamiento sobre la acción de amparo presentada por el Ejecutivo contra el fallo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que beneficia a integrantes del grupo Colina, sería emitido en aproximadamente seis meses.
“(La respuesta a la acción de amparo) podría darse en unos cinco o seis meses en sede judicial (…) Podría ser menos por tratarse de un proceso constitucional”, manifestó en comunicación con Radio San Borja.
Agregó que el pedido hecho por el Ministerio de Justicia (Minjus) se evalúa “como un caso cualquiera”, pero se le da la atención que merece por tratarse “de un tema de trascendencia”.
PUEDE LLEGAR AL TC
El presidente de la Corte de Lima dijo que inclusive este caso podría llegar hasta el Tribunal Constitucional (TC) si es que el Estado, a través del Ministerio de Justicia, no se encuentra conforme con los resultados de este proceso.
“Es probable que en pocos meses se sepa el resultado en el Poder Judicial. Recordemos que esto se presenta ante un juez constitucional y si alguna de las partes no está de acuerdo con el resultado, lo revisa una sala superior de la Corte de Lima”, indicó.
“Si en esta segunda instancia el demandante, o sea el Estado, no tiene un resultado a su favor, puede acudir al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional finalmente en última instancia establecería si es que esta sentencia es válida o no”, concluyó.