Por Julio Panduro, enviado especial
Arequipa, dic. 01 (ANDINA).
El 79 por ciento de asistentes a la Conferencia Anual de Ejecutivo
(CADE 2012) opina que la responsabilidad social empresarial debe
expresarse mediante una actuación ética y el combate contra la
corrupción, según una encuesta de Ipsos Apoyo
De
acuerdo a las cifras presentadas por Alfredo Torres, presidente de la
compañía encuestadora, el 71 por ciento consideró que el empresariado
debe aportar al desarrollo de la educación, y el 55 por ciento señaló su
responsabilidad en el cuidado con el medio ambiente.
El
53 por ciento refiere que debe brindar buen trato a sus empleados, el
50 por ciento precisa que su responsabilidad debe reflejarse en la
generación de empleo, el 49 por ciento señala la generación de bienestar
a la comunidad y el cumplimiento del pago de impuestos, etc.
Por
otro lado, el 69 por ciento de los entrevistados indicó que la mejor
manera de que los empresarios participen en la vida pública es desde sus
compañías, y el 66 por ciento opina que debe tener una participación
activa en gremios empresariales.
El 47 por
ciento refirió que esa participación debe reflejarse en la docencia o
participación en instituciones educativas, y el 29 por ciento indicó que
debe darse en entidades de ayuda social o caridad.
Corrupción
Consultados
por temas de ética y actos de corrupción, el sondeo revela que el 60
por ciento reconoce que alguna vez su empresa ha incurrido en buscar a
un conocido o un funcionario público para que agilice un trámite, y el
40 por ciento afirma que nunca lo hizo.
Asimismo,
el 51 por ciento admite que ha buscado la manera de presentar
información a para pagar menos impuestos, contra un 49 por ciento que
asegura no haberlo hecho nunca.
Del mismo modo,
el 27 por ciento aceptó haber dado un obsequio para agilizar trámites,
pero el 73 por ciento negó ese tipo de prácticas; mientras que el 22 por
ciento admitió haber buscado a alguien para resultar favorecido en una
licitación, y el 78 por ciento lo negó.
Finalmente,
Ipsos Apoyo preguntó a los asistentes al Cade que le recomendarían a un
empresario amigo que necesitara hacer un trámite con urgencia y un
funcionario público le insinúa que agilizarlo habría que pagar una
coima, porque de lo contrario el trámite se estancaría.
Un
mayoritario 76 por ciento aceptó que le sugeriría pagar la coima, el 21
por ciento que le recomendaría hacer el trámite sin pagar ni denunciar
al funcionario, y el 3 por ciento reconoce que le aconsejaría realizar
el trámite sin pagar y denunciar al funcionario corrupto.
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