Injusta sanción contra Gastón Garatea

Un castigo a la moderación y un auto de fe a la intolerancia
El cardenal de Lima Juan Luis Cipriani no le ha renovado al sacerdote Gastón Garatea la licencia para ejercer su labor pastoral en Lima. La decisión, que es presentada por el Arzobispado de Lima como un acto administrativo normal, es una injusta y odiosa sanción a un reconocido sacerdote a quien los fieles católicos y los peruanos le deben su compromiso preferencial con los más humildes y una activa defensa de los DDHH.

Las infracciones que se presume le atribuyen distan de ser tales. En varias oportunidades Garatea ha expresado opinión sobre los deberes pastorales de la iglesia, como cuando afirmó que hay más preocupación por los temas legales y económicos que espirituales (“Se habla más del canon que del Evangelio) y apoyado debates intensos de la sociedad moderna, como el que se lleva a cabo sobre el aborto eugenésico (“Es claro que deben abordar el asunto desde un punto de vista más humano”). En febrero pasado se pronunció a favor de la unión civil de personas del mismo sexo, aunque mantuvo una posición contraria al matrimonio gay.
En ninguna de estas expresiones puede advertirse un ánimo de confrontación contra las posturas oficiales de la iglesia. La explicación del Arzobispado, según da cuenta el comunicado de la Congregación de los Sagrados Corazones a la que pertenece Garatea, es tan efervescente como frágil; se la acusa de haber “cuestionado la enseñanza y autoridad de la Iglesia en sus declaraciones a los medios de comunicación”. Los procesos inquisitoriales del Tribunal del Santo Oficio de Lima, hace más de 400 años, eran más creativos y enjundiosos.

Siendo nada ofensivos a la iglesia y, al contrario, un esfuerzo por acercar a la feligresía a su fe, las expresiones de Garatea alarman la vocación conservadora de un sector local de la iglesia, ahora en el poder, que utiliza su posición en la jerarquía para ajustar cuentas con quienes discrepan de su interpretación rígida de la fe cristiana. Garatea incomoda también por otras razones: es asesor en temas de responsabilidad social de la PUCP, institución con la que el Arzobispado de Lima mantiene una dura controversia judicial, y fue por varios años Presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, creada por el gobierno de Valentín Paniagua para fortalecer las políticas sociales luego de la ejecución de los programas de ajuste ultraliberal durante el fujimorismo, un período que despierta más que simpatías en quien ha descargado su látigo maniqueo contra Garatea.

La sanción a Garatea es una condena a la moderación y un auto de fe a la intolerancia; es, además, un hecho emblemático en el contexto de la ofensiva pública que pretende debilitar los DDHH en el Perú. Aunque no lo parezca a simple vista, la posición de la que hace gala el Arzobispado de Lima es coincidente con la acción de un núcleo duro conservador peruano que se resiste a aceptar los estándares internacionales sobre derechos protegidos por convenios universales. No es una casualidad que ayer la congregación del padre Garatea haya cuestionado seriamente la campaña emprendida por la agencia de noticias ACI Prensa, cercana a Cipriani, que presenta la decisión sobre Garatea, sin tapujos, como una sanción “por su apoyo público a la agenda gay” y ataca a la PUCP por haber “desafiado” al cardenal al haber otorgado al sacerdote acosado un título honorífico. La verdad sale a la luz rápidamente.