Condenan a peruano acusado de espionaje en Chile

Miércoles, 24 de Abril 2013  

Fuente: Privada | Créditos: Reniec

Elito Antonio Saldaña Florian fue acusado de tomar fotografías a una base militar chilena con un teléfono celular.

El Tribunal Oral de Arica (Chile) condenó al peruano Elito Antonio Saldaña Florián a 61 días de presidio al ser hallado culpable por ingresar clandestinamente a un recinto militar chileno y a la pena de 3 años y un día por captar imágenes y practicar reconocimiento de instalaciones militares.

Cabe precisar que los jueces chilenos resolvieron la posibilidad de expulsar al peruano e impedir su ingreso a Chile por un periodo de 10 años.

Según las pruebas de la Fiscalía de Arica, el ciudadano peruano fue sorprendido el 01 de enero del 2012 cuando se dirigía a una base militar desde donde tomó fotografías con su teléfono celular en el sector de la Brigada Acorazada Coraceros.

En declaraciones a medios de comunicación de Arica, el fiscal Rodrígo Bennit, dijo que "las pericias realizadas al teléfono establecieron que el acusado sacó varias fotografías de las instalaciones militares. Asimismo, se le incautaron binoculares".

Saldaña Florián permaneció en prisión durante ocho meses, luego gozó de una libertad provisional, pero al ser citado nuevamente para una audiencia, nunca se presentó. Fue recapturado a mediados de marzo y hoy escuchó su condena.

Peruano acusado de un centenar de abortos ilegales en España fue absuelto

El tribunal considera que las interrupciones del embarazo por las que el médico Carlos Morín afrontaba 270 años de cárcel están amparadas por la ley

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Barcelona (EFE). El ginecólogo peruano Carlos Morín y su equipo médico fueron absueltos por un tribunal español del casi centenar de abortos ilegales de los que estaban acusados.
En la sentencia, notificada hoy a las partes, la Audiencia de Barcelona considera que las interrupciones del embarazo por las que el médico afrontaba 270 años de cárcel están amparadas por la ley.
La Audiencia absuelve a Morín, a su esposa y otros nueve colaboradores de sus clínicas de Barcelona -a los que la Fiscalía acusaba de 89 abortos ilegales, además de asociación ilícita, falsedad documental e intrusismo-, tras un largo proceso judicial por el que el ginecólogo permaneció dos meses en prisión preventiva.
La sala considera que los abortos denunciados por la Fiscalía quedan amparados por la ley aprobada en 2010, ya que o entraban dentro de las 14 semanas de gestación en las que la nueva legislación permite el aborto libre o comportaban riesgo de daños físicos o psíquicos para la madre o el feto. El tribunal señala que los embarazos no superaban las 22 semanas de plazo máximo.
CON CONSENTIMIENTO
También dice que los abortos se llevaron a cabo “con el consentimiento y bajo petición expresa de las mujeres embarazadas y de sus representantes legales en el caso de las menores de edad, en centros habilitados y homologados, por ginecólogos titulados, atendidos por anestesistas también titulados”.
En declaraciones a EFE, el ginecólogo Carlos Morín dijo que se considera un “cabeza de turco”, aunque celebró la sentencia absolutoria porque, a su parecer, supone una prueba de “lo que es la justicia en este país”.
El médico, sin embargo, lamentó el perjuicio que le ha causado este proceso judicial, iniciado en el 2006: “Yo tenía unas empresas que ahora ya no tengo y vivía en Cataluña, donde ahora ya no vivo. Pero sigo fiel a mis ideas”, añadió.